Según el mismo, durante el Estado de Alarma, el flujo de tráfico disminuyó hasta un 70% de media, comparado con el que había antes de la pandemia, mientras que la siniestralidad vial solo lo hizo el 55%. Fallecieron un total de 110 personas en la carretera durante ese periodo, un 1% más que durante los mismos meses de 2019, pese a que los desplazamientos descendieron un 22% con respecto al mismo período del año anterior. Los accidentes se debieron a salidas de la vía y excesos de velocidad, provocados, según la Fiscalía, por cuadros de estrés, pérdida de concentración y falta de sueño generados por la situación de pandemia. A esto habría que sumarle otras causas, como la falta de mantenimiento de los vehículos por el confinamiento, la existencia de la menos 3 millones de vehículos que aún no han pasado la ITV y la elevada antigüedad del parque automovilístico español. Con la llegada de la desescalada y la nueva normalidad, la tendencia se ha mantenido. El tráfico, sigue siendo menor que el año pasado aunque ha descendido un 7% los días laborales y un 22% los fines de semana y los festivos, pero la siniestralidad se mantiene en niveles similares a los del año pasado por estas fechas. El informe señala que durante el Estado de Alarma se levantaron 1.500 atestados por delitos viales. Vargas ha pedido, de cara a la segunda fase de la operación verano de vacaciones, que los ciudadanos cumplan las normas para evitar tragedias: «El conductor que no respeta las normas viales no solo se pone en riesgo a sí mismo, sino también a los ocupantes del vehículo que pueden ser personas cercanas a él y a terceros ajenos a su irresponsabilidad». Al acto de presentación de la memoria acudió la Fiscal General del Estado, Dolores Delgado quién destacó la importancia de la seguridad vial, manifestando que las «carreteras deben ser espacios que unan a las familias y no que las rompan».
El informe de la Fiscalía recoge que en 2019, se produjeron más de 80.000 condenas por delitos viales, el 90% de conformidad con el acusado. De ellas, más de 48.000 lo fueron por conducir bajo los efectos del alcohol y las drogas. La Fiscalía elevó 86.958 acusaciones relacionadas con la seguridad vial, más del 30% de las realizadas en total por su departamento. En cuanto a las condenas, 55.000 conllevaron multa económica; más de 52.000 fueron sentencias que privaban al conductor del derecho a conducir, 1.922 suponían la pérdida de vigencia del permiso de conducir y 24.000 incluían penas de trabajos en beneficio de la comunidad. En lo referente a la multirreincidencia, Vargas señaló que es una problemática muy peligrosa en la carretera. Alrededor del 10% del total de los condenados (casi 5.000 personas) eran reincidentes con al menos una condena anterior no cancelada, y de ellos, un 2% (casi 1.000) tenían incluso tres o más condenas anteriores.
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